La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó hoy su preocupación por los efectos negativos que podría generar en el sector el Proyecto de Modernización Fiscal presentado por el gobierno y resaltó que la eliminación de incentivos clave y el incremento en la carga tributaria para el sector manufacturero podrían frenar el crecimiento económico y desalentar la inversión.
Durante un encuentro con periodistas económicos, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, destacó los puntos más críticos de la propuesta fiscal, señalando que la reforma pone en peligro el futuro del sector industrial y miles de empleos formales.
Brache enfatizó que la eliminación del artículo 50 de la Ley de Proindustria, una disposición clave que permite a las empresas reinvertir en infraestructura y tecnología, representa una amenaza significativa para la competitividad del sector.
“Este artículo es la columna vertebral de la Ley de Proindustria. Sin él, el sector industrial perdería la capacidad de reinversión y competitividad que tanto necesitamos para crecer y generar empleo,” afirmó el dirigente empresarial, indicando además que “la reforma no solo elimina incentivos clave, sino que también nos impone una mayor carga tributaria en varios frentes, lo que generará un efecto negativo en nuestra competitividad y en la capacidad de nuestras empresas de crecer y generar empleos”.
Brache destacó que este incentivo no solo ha permitido el crecimiento de grandes industrias, sino que también ha sido un salvavidas para las pequeñas y medianas empresas. De perder este beneficio, advirtió que muchas PYMES podrían caer en la informalidad, lo que afectaría directamente al sector productivo y a la recaudación fiscal del país.
El presidente de la AIRD subrayó que, de no reconsiderarse esta medida, tanto las grandes como las pequeñas y medianas industrias se verían afectadas, con un impacto directo en el empleo y la formalidad del sector. También alertó sobre las consecuencias que la reforma fiscal podría tener sobre la inversión extranjera en el país.
“Si continuamos con estas señales contradictorias, corremos el riesgo de perder importantes inversiones que serían claves para el desarrollo económico del país. Un inversionista extranjero no se queda en un lugar donde no puede tener certeza jurídica ni prever el retorno de su inversión,” advirtió Brache.
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