El Gobierno consideró anoche como inaceptable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena al país por supuesta violación a derechos de inmigrantes haitianos entre los años 1999 y 2000 y reivindica el derecho que tiene como Estado soberano de determinar quiénes son sus nacionales.
En una declaración oficial leída por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el Poder Ejecutivo, además de rechazar la sentencia de la CIDH, reiteró su condición de estado soberano.
“El Gobierno de la República Dominicana rechaza la Sentencia del 28 de agosto de 2014 Serie C, número 282 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna,” señaló Rodríguez Marchena.
La declaración también señala que de la misma forma, sin que haya espacio a dudas, el Gobierno manifiesta su adhesión al artículo 1 del Convenio de la Haya, de 1930, que faculta a cada Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales. Indica que este principio, pilar del Derecho Internacional, es innegociable para el Estado dominicano.
El Gobierno también reiteró su compromiso con el sistema interamericano, pero, advirtió que cualquier interpretación antojadiza del mismo, en modo alguno puede afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir por sus normas internas el régimen de la nacionalidad.
“Entendemos, además, que esta sentencia, que se refiere a hechos acontecidos en los años 1999-2000, pasa por alto numerosas circunstancias. Entre otras, que el país tiene en marcha actualmente la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano”, señaló.
Asimismo consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente, que muestran la voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar su marco legal y puso como ejemplo de esto a la Constitución aprobada en 2010, que incluye derechos de tercera generación.
Rodríguez Marchena señaló que es conocido el compromiso férreo del gobierno dominicano con el respeto por los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentamos en materia de documentación.
También enfatizó que las soluciones que ha planteado el gobierno dominicano y que están en marcha, son fruto del más amplio consenso logrado en nuestro país en esta materia y suponen un avance sin precedentes en las últimas décadas.
Explicó que esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el terreno para la implementación de soluciones. Mencionó entre ellas la Organización Internacional para las migraciones y la Mesa Nacional para Migración y Refugiados en RD, que reúne a las principales organizaciones religiosas y civiles especializadas en estos temas en el país.
La posición oficial del Estado dominicano sobre la sentencia del CIDH, indica que como parte de su convicción y compromiso con la protección de las personas, el Gobierno ha creado una unidad especializada en Derechos Humanos en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de dirección y con un equipo ampliado de primera línea.
Por otra parte, el Gobierno resaltó que desde hace casi un año el país y la República de Haití han sabido hacer de la dificultad, virtud, transformando lo que comenzó como un desencuentro entre ambas naciones en el proceso de diálogo bilateral más fructífero que han visto nuestros pueblos en las últimas décadas.
Indicó que este diálogo ha permitido, entre otras cosas, una cooperación sin precedentes en materia de documentación. Agradecemos las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Haití para facilitar los procesos, entre ellas la apertura de 4 nuevas oficinas consulares en la República Dominicana.
“Entendemos que, en pro de los avances obtenidos y de la sostenibilidad de este proceso de diálogo, vamos a continuar por la ruta que nos habíamos trazado y que avanza por buen camino”, señala el documento leído por el vocero de la presidencia.
Expresa que el deber del Gobierno, en primer lugar, es defender la soberanía de la República Dominicana, mantener la estabilidad política y social en nuestro territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica.
Por todo lo anterior, el gobierno afirmó que sigue firme en su determinación de continuar trabajando en la misma dirección, pero partiendo siempre de la realidad social, política y económica del país.
Considera que la hoja de ruta que se ha trazado es el camino adecuado para lograr construir un país sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las personas.
Finalmente, el Gobierno recuerda que la separación de poderes es la base de un verdadero Estado de derecho y su desconocimiento atentaría contra los valores democráticos asumidos por la sociedad dominicana.
Manifiesta que fue de estos poderes públicos que emanaron la Constitución del año 2010, la sentencia TC 168-13 y posteriormente la Ley No. 169-14, que contó con el consenso de todos los sectores de la sociedad dominicana y fue aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional.
En consecuencia, advierte que cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana.
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