SANTO DOMINGO. El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos y 14 dominicanos acusados de lavado de activos y un presunto fraude superior a los RD$1,400 millones a través del quebrado Banco Peravia.
Les imputan violación al artículo 80 la Ley Monetaria y Financiera 183-02, falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa, así como infringir los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
La Autoridad Monetaria y Financiera presentó su querellamiento en contra de los venezolanos y ex directivos de la entidad, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro.
Además, contra los dominicanos Nelson Serret Sugrañez, Carlos Alberto Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Luis Manuel Peña, Nelson Cabral Veras, Rolando Cabral Veras, Yesenia Serret, Jocelyn Leal, la contadora pública autorizada Génova Isabel Torres, quien supuestamente rindió los informes contables de más del 90% de los préstamos, y el notario público Moisés Barinas Villalona, quien presuntamente legalizó los contratos fraudulentos, entre otros.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, recibió a los funcionarios de la autoridad Monetaria y Financiera, que estuvo representada por miembros del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por los abogados Luis Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández, José Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel Camacho.
La investigación realizada por el Ministerio Público, así como el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos y la querella depositada este lunes, establecen que en el Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas en cuentas contables y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude en más de un 95% de las tarjetas de crédito.
Asimismo, se les imputa la comisión de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones propias del crimen organizado.
La Fiscalía del Distrito Nacional coordina acciones junto con la autoridad Monetaria y Financiera y otros organismos del Estado con el objetivo de iniciar la judicialización del proceso Banco Peravia. Sostiene que por la cantidad de imputados, víctimas y los tipos penales cometidos, la Fiscalía ha establecido que el caso Peravia tiene todas las características de un proceso complejo. Agrega que en los expedientes de esos clientes no cuentan con las solicitudes firmadas, los contratos de autorización para la emisión de tarjetas ni los acuses de recibo.
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